Colombia: ¿Somos en realidad un Estado Social de Derecho?

Por Carlos Alaix Cuéllar. Abogado. Email: caralaix@hotmail.com

El documento  histórico más importante de las últimas décadas declaró que Colombia sería un Estado Social de Derecho. La Constitución Política de 1991, documento que consagra todos los derechos y deberes de nosotros los Colombianos nos muestra una carta política de corte humanista y social, pero basada en un modelo económico neoliberal. La verdadera realidad  Constitucional, es que no hay un verdadero Estado Social de Derecho, hay un enorme abismo tan grande como el cañón de Chicamocha, entre los postulados que la conforman y la realidad que hoy vive nuestro país. Una cosa es la actual Constitución y otra muy diferente es la realidad nacional que pisotea todos nuestros derechos en ella consagrados, vamos a tomar como ejemplo algunos de los derechos que el actual Estado colombiano no  ha  podido garantizar  a sus ciudadanos en 20 años.

El derecho principal de todo ser humano es el derecho a la vida, teniendo en cuenta que dentro de los fines esenciales que debe cumplir el Estado, aparece la protección efectiva de los derechos humanos y la creación de condiciones mínimas de convivencia entre nosotros los colombianos. El Estado no garantiza el derecho a la salud, pues para obligarlo a que realice una operación a un paciente, primero hay que incoar infinidad  de derechos de petición, tutelas e incidentes de desacato a las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S); es decir, la única operación que se practica en el país después de estos  engorrosos y acostumbrados trámites es la necropsia. El derecho a la educación menos; pues es cada vez menor el número de colombianos que tienen acceso  a la educación primaria, secundaria y ni hablar de la universitaria la cual es un lucrativo negocio que está en manos de las instituciones privadas y no del Estado.

El Estado no garantiza el derecho a tener un salario mínimo legal justo, pues nos enseñaron magistralmente a sobrevivir no sé cómo mensualmente con $535.600 y cuando se insinúan anualmente reajustes salariales a favor de los trabajadores se indignan los grupos económicos, pero lo más aterrador y alarmante de todo esto es la justicia, la cual está en un total caos, con un represamiento sin precedentes con un estancamiento y atraso que no tiene nombre, no se han implementado planes de sistematización de los procesos y archivos judiciales para evitar la tramitología y el cúmulo desorbitarte de papeles y  folios en estado deplorable. Es decir, hace falta una reforma a la justicia donde prime la oralidad y celeridad de los procesos y la digitalización de todos y cada uno de los archivos con la implementación de  políticas tendientes al aprovechamiento de recursos tecnológicos actuales, destinadas a la guarda y custodia de los Archivos Judiciales, pues recordemos que un país sin archivo es un país sin memoria, necesitamos un Archivo General de la Nación que colabore con nuestra justicia en la guarda y custodia de estos expedientes y en la ejecución de nuevos planes tecnológicos para que los ciudadanos tengan un mayor acceso a la justicia y no la tomen por sus propias manos como viene sucediendo.

Artículos de nuestra Constitución Política como el Art. 15, consagraron el derecho a la intimidad de las personas y el respeto por parte del Estado a su intimidad personal y familiar y si vemos esto solo es una fantasía exegética, pues los organismos de vigilancia y de seguridad del Estado cada vez más se ven envueltos en escándalos de infiltraciones e interceptaciones ilegales a políticos de la oposición, líderes sindicales, periodistas y hasta magistrados de las altas corte colombianas, cuando paralelamente este Estado social de Derecho prevé y anuncia a cuatro vientos que la correspondencia y demás medios de comunicación privada son inviolables y que solo pueden ser interceptados o  registrados en casos muy particulares  y mediante una orden judicial que debe ser emitida por un juez de la República, sin mencionar el articulo 20 donde quedó plasmado que el Estado garantizaría a todas las personas de este colorido y folclórico país, su libertad de difundir sus pensamientos fueran los que fueran, opiniones y la de recibir informaciones y noticias veraces e imparciales, donde ellos mismos pueden fundar medios masivos de comunicación donde estos serían libres y con responsabilidad social, sin censura al mejor estilo de Tomás Moro y su utópico país.

Es contradictorio y paradójico lo arriba mencionado si tenemos en cuenta episodios como el que la periodista, politóloga e investigadora Claudia López, quien fue destituida del diario de mayor circulación del país el Tiempo, al dar y expresar sus opiniones sobre la manera sesgada como este medio cubrió el escándalo de Agro Ingreso Seguro dejando en evidencia sus intereses comerciales en  la adjudicación del tercer canal de nuestra  novelesca, aburrida y cada vez mas “social” televisión y los intereses políticos del diario respecto a su socio en campaña, el por esos días candidato y hoy presidente Juan Manuel Santos.

La misma periodista  que en su columna denunció los vínculos del ex presidente Samper con el narcotráfico y los dineros que financiaron su campaña política fue llevada hasta juicio por los delitos de injuria y calumnia donde afortunadamente salió absuelta y prevaleció el derecho de libertad de opinión sobre el de la honra del ex mandatario.

Asombrosamente hoy después de veinte años de vigencia de nuestra Carta Magna,  seguimos inmersos aun dentro de la cultura formalista de la Constitución de 1886  que desconocía los derechos sociales. En conclusión Colombia no es, ni nunca hemos sido un Estado social de Derecho, no hay democracia participativa en Colombia, no son autónomos nuestros entes territoriales y deja mucho que pensar cuando se dice que fuimos fundados en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, en la solidaridad de las personas y mucho menos en la prevalencia del interés general.