Políticos y funcionarios a rendir cuentas

En 1996, el Instituto de Responsabilidad Social y Ética se convirtió en la primera organización internacional en hacer una aproximación conceptual para el término de “accountability”. Para algunos autores existen diferencias entre accountability y rendición de cuentas. Mientras que accountability sugiere un sentido de responsabilidad ética y obligación moral para dar información sobre algún aspecto de la organización sea pública o privada, en “la rendición de cuentas” existe una obligación legal de dar información porque está reglamentado por alguna norma o ley. Para algunos autores no existe un consenso en el significado del término, sin embargo es considerado como un concepto en construcción y con un fuerte componente ético, necesario tanto para las acciones de transparencia en el ámbito público como privado.

La rendición de cuentas se convierte en la obligación de los líderes políticos electos para responder, ante los ciudadanos, electores y otros órganos constitucionales, por sus decisiones políticas. Los ciudadanos, como electores, debemos y podemos exigir a funcionarios y políticos, no sólo en el curso de las campañas y las elecciones políticas, que nos rindan cuentas a lo largo de su desempeño e inclusive cuando hayan terminado con sus funciones públicas.

La competencia política y la participación, son requisitos esenciales para la rendición de cuentas. Los funcionarios públicos y los partidos gobernantes están en la obligación de rendir cuentas periódicamente, mientras que los votantes debemos estar informados sobre las acciones de nuestros representantes políticos. Al mismo tiempo, la rendición de cuentas, requiere de elecciones verdaderamente competitivas, donde existan partidos institucionalmente fuertes capaces de ofrecer alternativas programáticas para los electores, y donde los representantes políticos puedan ser “castigados” con la no re-elección por tener un mal desempeño o llevar a cabo políticas no deseadas.

En la competencia política, la distribución del poder debe ser justa y lo suficientemente robusta como para permitir una verdadera alternativa electoral en los distintos niveles de gobierno, y para producir niveles de alternancia electoral en el tiempo. En este  proceso de control vertical, las organizaciones no gubernamentales, los grupo de reflexión, los medios de comunicación, asociaciones profesionales, grupos de interés, partidos de la oposición y otros actores de la sociedad civil, deben estar protegidos de intimidaciones y represalias bajo el imperio de la ley.

Todos sabemos que la rendición de cuentas falla entre gobernantes y gobernados. Pero, ¿por qué sucede esto? Tal vez porque estamos mal informados sobre las actividades de nuestros políticos, quizás  porque no existe un poder ejemplar que investigue con precisión todos los abusos que algunos políticos y funcionarios públicos pudieron haber cometido. Sin embargo, creo que la peor amenza está entre nosotros mismos, es culpa tanto de los apáticos que no votamos, como de  los clientes que votamos por un ración de lechona o medio mercado, así como también es culpa de nosotros los ciudadanos, que elegimos de acuerdo a percepciones de desempeño a lo largo de un periodo, olvidando y omitiendo responsabilidades por abusos específicos.

Esta columna también se encuentra en la revista digital KIEN&KE.